Greenpeace ha presentado su Radiografía social el medio ambiente en España, un informe que no deja en buen lugar la gestión de los recursos naturales y medioambientales que hay en nuestro país. Tanto es así que, a pesar de destacar más de 200 ejemplos positivos a seguir en esta materia, contrapone más de 400 elementos de riesgo, puntos negros a mejorar en la gestión de la energía, la contaminación o las costas. De hecho, según los baremos de la asociación ecologista, ninguna de las 17 autonomías tiene un nivel de calidad ambiental alta, nueve de ellas se quedan en una calidad media y ocho caen a una calidad baja. Y, por supuesto, el agua es un elemento muy importante en este balance. Con respecto al líquido elemento, el principal elemento de preocupación es la privatización masiva en el sector.
Recuerda Greenpeace en su informe que “en 2010 Naciones Unidas incorporó el derecho al agua y el saneamiento como derecho básico de la humanidad”. Esa declaración tendría que haber supuesto la inclusión de dicho derecho en las constituciones nacionales, pero España no sólo no lo ha hecho sino que en nuestro país “tampoco existe una regulación del sector y de los servicios que debe prestar”. Eso ha motivado que muchos responsables políticos locales dejen el agua en manos privadas en un porcentaje muy elevado. Según el informe, en las dos últimas décadas “las sociedades públicas del agua del país han pasado del 63 al 47 por ciento”. Eso “supone una tendencia contraria a la que se está llevando en el resto del mundo, donde capitales como París, Berlín, Buenos Aires, Yakarta… están recuperando la titularidad pública del servicio”.
Pero hay otra consecuencia, el encarecimiento del recibo del agua, que ha subido de media más de un 25 por ciento en los últimos cinco años y ha provocado que, ahora mismo, «más de nueve millones de españoles tengan dificultades para asegurar ese suministro vital”. Greenpeace, que sitúa a la Comunidad de Madrid como la región española en la que más acusado ha sido este proceso de privatización, coloca entre los ejemplos positivos a seguir en materia medioambiental la respuesta ciudadana en contra de esos movimientos políticos, no sólo la que se ha producido en Madrid contra la privatización del Canal de Isabel II, sino también la movilización en Castilla-La Mancha para oponerse al paso a manos privadas del agua de Alcázar.
Siendo la más importante, esta cuestión no es el único tema relacionado con el agua que encuentra espacio en el informe de Greenpeace. La sequía tiene también un alto protagonismo, y sobre todo su principal consecuencia, la desertificación, que afecta especialmente a regiones como Murcia, donde el 43,21 por ciento del territorio está en riesgo grave o muy grave, la Comunidad Valenciana (28,32 por ciento), Castilla-La Mancha (24,98) o la Comunidad de Madrid (21,87). En comunidades como La Rioja, el aumento de las temperaturas y de las carestías de agua supone una pérdida de cultivos de regadío. Y Murcia recibe enormes críticas de la asociación ecologista por “la mala gestión de los recursos hídricos”, que se manifiesta en “excesivos regadíos, pozos y redes de tuberías ilegales, por no mencionar campos de golf y complejos urbanísticos”.
En el análisis sobre Murcia también se destaca que “muchos de los acuíferos y ríos están contaminados”, y es que los residuos que se vierten a las aguas son otro de los grandes enemigos que cita Greenpeace. En la Comunidad de Madrid se habla sin tapujos en este informe de una “deficiente depuración de las aguas residuales que se vierten a los ríos Jarama y Manzanares” y en Galicia se denuncia que “varios municipios incumplen la directiva europea de aguas residuales”. En las Islas Canarias hay otro punto negro en este sentido, ya que “los sistemas de evacuación irregulares provocan más de 300 vertidos irregulares, a los que hay que sumar vertidos como el del barco Oleg Naydenov, cargado con más de 1.500 toneladas de fueloil”.
Costas y playas reciben también la atención del informe de Greenpeace. Teniendo como referencia la franja de los primeros 500 metros, franja que muchos municipios han solicitado que se reduzca hasta los 20 metros, la Valenciana es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de costa artificial, nada menos que un 51 por ciento. Ese dato es también preocupante en autonomías como Andalucía (36 por ciento), Murcia (32) o Galicia (19). En las Islas Canarias, por ejemplo, se habla de “depredación a toda costa” por la cada vez menor presencia de costa natural y se destaca que, por ejemplo, en Lanzarote “hay 22 hoteles ilegales que siguen funcionando con impunidad a pesar de que la Justicia ha ordenado su derribo”. Otras zonas que llaman la atención de Greenpeace son el Delta del Ebro, en Cataluña, por la “pérdida por inundación de humedales y zonas bajas debido al aumento del nivel del mar”, o los ríos extremeños, desnaturalizados por estar “excesivamente regulados con un elevado número de embalses”.
El informe completo de Greenpeace se puede consultar en este enlace.
