Sorpresa en el sector eólico español. El pasado día 22 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) envío a las compañías una propuesta de Real Decreto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para convocar subastas de nueva potencia eólica y biomasa con derecho a retribución y el borrador de Orden Ministerial que incluye los parámetros sobre las retribuciones. Lo esencial de esta convocatoria está en que se subastará la instalación de 500 MW de potencia eólica y 200 MW de biomasa, que serán los primeros añadidos que se registren durante la actual legislatura, que llegará a su fin antes de que acabe de 2015.
¿Qué significa esto para el sector? El fin de facto, aunque sea puntual y limitado, a la moratoria a las energías renovables. Esa fue una de las primeras decisiones del Gobierno que preside Mariano Rajoy. En enero de 2012, el Ministerio de Industria suspendió indefinidamente el pago de primas a cualquier instalación eólica futura que no estuviera ya previamente inscrita en el registro de renovables. Esa norma se superó con la posterior reforma energética, la Ley Eléctrica aprobada en diciembre de 2013. El sector eólico ha pasado estos años mostrando su enérgico disgusto por una norma que penalizaba claramente a esta energía limpia a pesar de los inmensos beneficios que tenía para el sector eléctrico español y provocaba una inseguridad jurídica que, de hecho, ha desembocado en la congelación absoluta de la eólica en España.
El Gobierno reconoce de esta forma que España necesita instalar más potencia eólica para cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables para 2020, pero según recuerda el sector la cifra de 500 MW se queda muy lejos del cálculo que establece el mismo Ejecutivo, que tendría que situar el crecimiento anual entre 4.553 y 6.473 MW. La propuesta de Industria aplicaría unos incentivos de alrededor de un 60 por ciento más bajos que los de la reforma energética que han afectado a los pocos parques eólicos instados en 2013 y 2014. También se modifican varios criterios: la inversión inicial de capital es un 20 por ciento inferior a la considerada en esa norma, los costes de explotación son un 21 por ciento menores y las horas medias de funcionamiento de los parques son un 52 por ciento superiores.
Estos requisitos son tanto para instalaciones nuevas como para modificaciones de las ya existentes. Las modificadas podrán participar en esta subasta siempre y cuando la modificación suponga al menos la sustitución de los aerogeneradores por otros nuevos y sin que dicha modificación haya sido inscrita previamente. De la misma manera se excluye toda instalación eólica que haya recibido primas o cualquier incentivo económico con anterioridad y las que sean propiedad de empresas que tengan una potencia superior al 40 por ciento de los sistemas extrapeninsulares. De momento no hay una fecha concreta para la subasta ni tampoco se conoce la metodología que se aplicará, pero sí el sobrecoste máximo, que será de 21 millones de euros para la eólica y de 130 millones para la biomasa.
Pero el principal problema es que la propuesta del Gobierno ha llegado de forma unilateral, sin consultas previas al sector, y eso explica que las reacciones han sido muy contundentes. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) lamentó que no haya habido contactos previos con un sector que es “el más perjudicado por los recortes de la Reforma Energética”, y aún así se mostró dispuesto a colaborar, “máxime cuando la potente industria eólica española, que está sufriendo la falta de pedidos domésticos como consecuencia del parón del mercado, necesita señales claras para no llevarse las fábricas y el empleo fuera de España”. Según fuentes empresariales citadas por el diario Cinco Días, lo que busca el Gobierno es “legitimar su polémico sistema de estándares”.
Fuentes consultadas por ARN Digital fueron aún más lejos en sus críticas, al lamentar que el Gobierno ha diseñado “una medida sin tener en cuenta qué beneficios aportará al conjunto del sector, sin tener en cuenta la regulación vigente que ellos mismos han impuesto y sin tener en cuenta qué empresas estarán interesadas en acudir a la subasta, pero sin embargo lo que sí calculan, incluso antes de saber cómo lo van a hacer, es cuándo dinero se van a gastar ellos”. “Esto es como comenzar la casa por el tejado”, sentencian esas fuentes. Y según Rodrigo García, analista de XTB citado por el mismo medio, esta subasta “no va a tener importantes efectos ni en el sector ni en el consumidor” porque se refiere a instalaciones eléctricas “que no se van a construir de un día para otro”. “Lo único que han conseguido es crear ruido en el mercado, pero sin efecto aparente”, concluye.
